bienio reformista

Tras aprobarse la Constitución, se inició un nuevo período con un gobierno presidido por Manuel Azaña y formado por republicanos de izquierda y socialistas. En diciembre, Niceto Alcalá Zamora fue elegido Presidente de la República. El gobierno republicano-socialista emprendió un amplio programa de reformas en un contexto económico desfavorable, marcado por el ascenso del paro. Estas fueron sus principales medidas:
Reformas laborales, iniciadas desde el Ministerio del Trabajo por el socialista Largo Caballero, que favorecían la posición de los trabajadores y sindicatos y encontraron la cerrada oposición de los empresarios
Reforma educativa: Amplio programa de construcción de escuelas y contratación de maestros: 6750 escuelas y 7000 maestros con mejores salarios. Enseñanza mixta. La Religión dejó de ser asignatura obligatoria lo que agudizó el enfrentamiento con la Iglesia.
Reforma militar. Buscando garantizar la fidelidad del Ejército al nuevo régimen republicano y propiciar la reducción del excesivo número de jefes y oficiales, se exigió el juramento de fidelidad al nuevo régimen republicano, pudiendo optar los que se negaran a ello al retiro voluntario con paga completa.
Reforma agraria: Se aprobó en 1932 la Ley de Bases de la Reforma Agraria. Con ella se buscaba el reasentamiento de campesinos sin tierra en latifundios insuficientemente explotados. Su aplicación fue un fracaso y muy pocos campesinos se beneficiaron de la ley. Esto provocó una decepción generalizada entre el campesinado en un contexto económico de paro creciente.
En cuanto a la oposición al gobierno, La derecha tradicional quedó desorganizada tras la proclamación de la República en los primeros meses del nuevo régimen. La oposición conservadora quedó restringida a las Asociaciones Patronales como la Unión Económica Nacional y el Partido Radical de Lerroux. Este grupo de centro-derecha dirigió la oposición al gobierno en las Cortes. Por otro lado, la izquierda revolucionaria no dio tregua al nuevo gobierno. La Confederación Nacional del Trabajo (CNT), con más de un millón de afiliados, siguió la línea extremista marcada por los militantes de la Federación Anarquistas Ibérica (FAI). El minoritario Partido Comunista de España (PCE) se hallaba también instalado en una línea radical, defendida en aquel momento por la Komintern y Stalin.