Tras el Tratado de Valençay en 1813, Fernando VII se preparó para regresar a un país donde gobernaban unos principios políticos completamente contrarios a sus convicciones absolutistas. El monarca demoró su regreso a Madrid tanteando la situación ante la cada vez más evidente debilidad de los liberales en el interior del país. Fernando VII entró en España el 22 de marzo de 1814, recibido por continuas aclamaciones populares. El 12 de abril un grupo de diputados a Cortes absolutistas le presentaron el conocido como Manifiesto de los Persas en el que le reclamaban la vuelta al absolutismo. En el afirmaban: “Señor, era costumbre entre los antiguos persas pasar cinco días de anarquía después del fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias, les obligase a ser más fieles a su sucesor...”, para mejor apreciar después los rigores de un gobierno firme y de poder.
Finalmente, Fernando VII terminó por decidirse y el 4 de mayo de 1814 emite en Valencia un decreto por el que disolvía las Cortes, abolía la Constitución de 1812 y toda la labor legislativa de las Cortes de Cádiz y restablecía el absolutismo.
El decreto de 4 de mayo inició un triste periodo caracterizado por la sistemática anulación de las reformas de las Cortes gaditanas y la vuelta al antiguo régimen y al absolutismo. En un período crucial en la historia de Europa, cuando se estaba dirimiendo el equilibrio de fuerzas tras Napoleón, Fernando VII se mostró sorprendentemente desinteresado por los asuntos externos. Así, pese a haberse enfrentado con el emperador francés, España quedó marginada de los beneficios que las potencias vencedoras de Napoleón. recibieron en la Segunda Paz de París y en el Congreso de Viena en 1815. Nuestro país, destrozado por la guerra de la Independencia, quedó relegado a un papel secundario en el concierto internacional. Con una economía depauperada por la guerra recién terminada y con unas colonias americanas que de hecho no producían ningún beneficio a la metrópoli, Fernando VII, apegado al mantenimiento de los privilegios estamentales, se negó a emprender cualquier reforma fiscal que incrementara los ingresos de un estado en quiebra. La labor del gobierno de Fernando VI se centró en la represión de los enemigos de la restaurada monarquía absoluta. Más de doce mil “afrancesados” tuvieron que exiliarse del país y se inició una dura persecución contra los liberales. Muchos militares, entre ellos antiguos héroes de la guerra de la Independencia, optaron por las posturas liberales y para hacer frente a la represión se integraron en sociedades secretas de ideología liberal como la masonería. Estos militares protagonizaron diversas intentonas de golpe militar o pronunciamiento: Espoz y Mina en 1814, Díaz Porlier en 1815, Lacy en 1817… Todos los intentos de golpe fueron duramente reprimidos.
Finalmente, un pronunciamiento liberal terminó por triunfar. Poniéndose al frente de un ejército que en Cabezas de San Juan (Cádiz) estaba acantonado para marchar hacia América a luchar contra los rebeldes independientes, el teniente coronel Riego se puso al frente de este contingente y proclamó la Constitución de 1812. Tras diferentes avatares la insurrección se generalizó. El 9 de marzo de 1820, Fernando VII, atemorizado, juró la Constitución de 1812. Por primera vez, se aplicaba la Constitución de 1812 en una situación de paz y con el monarca en el país. Fernando VII, convencido absolutista, trató de obstruir desde un principio la labor de los gobiernos liberales y el normal funcionamiento constitucional.
Esta actitud del rey va a provocar una fractura política que se extenderá durante décadas: la escisión de los liberales. Por un lado, los “doceañistas” pretenderán modificar la Constitución buscando una transacción con el Rey. Para ello, defendieron la concesión de más poder al monarca y la creación de una segunda cámara reservada a las clases más altas. Tras 1833, los "doceañistas" se convertirán en los moderados. Por otro lado, los “veinteañistas” pedían simplemente la aplicación estricta de la Constitución de 1812. Conocidos también como los exaltados, serán denominados progresistas tras 1833. La división de los liberales introdujo una gran inestabilidad política durante el Trienio.
Los liberales en el poder durante el Trienio van a aplicar una política claramente anticlerical: expulsión de los jesuitas, abolición del diezmo, supresión de la Inquisición, desamortización de los bienes de las órdenes religiosas... Todas estas medidas trataban de debilitar a una poderosísima institución opuesta al desmantelamiento del Antiguo Régimen. El enfrentamiento con la Iglesia será un elemento clave de la revolución liberal española. Alentados por las conspiraciones del rey y espoleados por la grave crisis económica pronto surgieron movimientos de protesta contra el gobierno liberal en Madrid. La contrarrevolución realista se concretará en la aparición partidas de campesinos fuertemente influenciados por la Iglesia en el País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña. Alentados por estas protestas, la oposición absolutista se aventuró a crear Regencia Suprema de España en Urgel, cerca de la frontera francesa. Trataban así de crear un gobierno español absolutista, alternativo al liberal de Madrid El fracaso de la Regencia de Urgel hizo evidente para Fernando VII y los absolutistas que la única salida para acabar con el régimen liberal era la intervención de las potencias absolutistas europeas. Tras la derrota de Napoleón en 1815, las grandes potencias absolutistas (Prusia, Austria, Rusia y la Francia de Luis XVIII), reunidas en el Congreso de Viena y coaligadas la Santa Alianza, se habían comprometido a intervenir ante cualquier amenaza liberal que surgiera en Europa contra los principios de la Restauración (absolutismo, antiguo régimen). Así, reunidas en 1822 un Congreso en Verona, las potencias acordaron la intervención en España. El 7 de abril de 1823 un ejército francés, conocido como los “Cien Mil Hijos de San Luis”, entró y, sin encontrar resistencia popular, conquistó fácilmente el país. El 1 de octubre puso fin al último foco de resistencia del gobierno liberal en Cádiz y repuso como monarca absolutista a Fernando VII.
Finalmente, Fernando VII terminó por decidirse y el 4 de mayo de 1814 emite en Valencia un decreto por el que disolvía las Cortes, abolía la Constitución de 1812 y toda la labor legislativa de las Cortes de Cádiz y restablecía el absolutismo.
El decreto de 4 de mayo inició un triste periodo caracterizado por la sistemática anulación de las reformas de las Cortes gaditanas y la vuelta al antiguo régimen y al absolutismo. En un período crucial en la historia de Europa, cuando se estaba dirimiendo el equilibrio de fuerzas tras Napoleón, Fernando VII se mostró sorprendentemente desinteresado por los asuntos externos. Así, pese a haberse enfrentado con el emperador francés, España quedó marginada de los beneficios que las potencias vencedoras de Napoleón. recibieron en la Segunda Paz de París y en el Congreso de Viena en 1815. Nuestro país, destrozado por la guerra de la Independencia, quedó relegado a un papel secundario en el concierto internacional. Con una economía depauperada por la guerra recién terminada y con unas colonias americanas que de hecho no producían ningún beneficio a la metrópoli, Fernando VII, apegado al mantenimiento de los privilegios estamentales, se negó a emprender cualquier reforma fiscal que incrementara los ingresos de un estado en quiebra. La labor del gobierno de Fernando VI se centró en la represión de los enemigos de la restaurada monarquía absoluta. Más de doce mil “afrancesados” tuvieron que exiliarse del país y se inició una dura persecución contra los liberales. Muchos militares, entre ellos antiguos héroes de la guerra de la Independencia, optaron por las posturas liberales y para hacer frente a la represión se integraron en sociedades secretas de ideología liberal como la masonería. Estos militares protagonizaron diversas intentonas de golpe militar o pronunciamiento: Espoz y Mina en 1814, Díaz Porlier en 1815, Lacy en 1817… Todos los intentos de golpe fueron duramente reprimidos.
Finalmente, un pronunciamiento liberal terminó por triunfar. Poniéndose al frente de un ejército que en Cabezas de San Juan (Cádiz) estaba acantonado para marchar hacia América a luchar contra los rebeldes independientes, el teniente coronel Riego se puso al frente de este contingente y proclamó la Constitución de 1812. Tras diferentes avatares la insurrección se generalizó. El 9 de marzo de 1820, Fernando VII, atemorizado, juró la Constitución de 1812. Por primera vez, se aplicaba la Constitución de 1812 en una situación de paz y con el monarca en el país. Fernando VII, convencido absolutista, trató de obstruir desde un principio la labor de los gobiernos liberales y el normal funcionamiento constitucional.
Esta actitud del rey va a provocar una fractura política que se extenderá durante décadas: la escisión de los liberales. Por un lado, los “doceañistas” pretenderán modificar la Constitución buscando una transacción con el Rey. Para ello, defendieron la concesión de más poder al monarca y la creación de una segunda cámara reservada a las clases más altas. Tras 1833, los "doceañistas" se convertirán en los moderados. Por otro lado, los “veinteañistas” pedían simplemente la aplicación estricta de la Constitución de 1812. Conocidos también como los exaltados, serán denominados progresistas tras 1833. La división de los liberales introdujo una gran inestabilidad política durante el Trienio.
Los liberales en el poder durante el Trienio van a aplicar una política claramente anticlerical: expulsión de los jesuitas, abolición del diezmo, supresión de la Inquisición, desamortización de los bienes de las órdenes religiosas... Todas estas medidas trataban de debilitar a una poderosísima institución opuesta al desmantelamiento del Antiguo Régimen. El enfrentamiento con la Iglesia será un elemento clave de la revolución liberal española. Alentados por las conspiraciones del rey y espoleados por la grave crisis económica pronto surgieron movimientos de protesta contra el gobierno liberal en Madrid. La contrarrevolución realista se concretará en la aparición partidas de campesinos fuertemente influenciados por la Iglesia en el País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña. Alentados por estas protestas, la oposición absolutista se aventuró a crear Regencia Suprema de España en Urgel, cerca de la frontera francesa. Trataban así de crear un gobierno español absolutista, alternativo al liberal de Madrid El fracaso de la Regencia de Urgel hizo evidente para Fernando VII y los absolutistas que la única salida para acabar con el régimen liberal era la intervención de las potencias absolutistas europeas. Tras la derrota de Napoleón en 1815, las grandes potencias absolutistas (Prusia, Austria, Rusia y la Francia de Luis XVIII), reunidas en el Congreso de Viena y coaligadas la Santa Alianza, se habían comprometido a intervenir ante cualquier amenaza liberal que surgiera en Europa contra los principios de la Restauración (absolutismo, antiguo régimen). Así, reunidas en 1822 un Congreso en Verona, las potencias acordaron la intervención en España. El 7 de abril de 1823 un ejército francés, conocido como los “Cien Mil Hijos de San Luis”, entró y, sin encontrar resistencia popular, conquistó fácilmente el país. El 1 de octubre puso fin al último foco de resistencia del gobierno liberal en Cádiz y repuso como monarca absolutista a Fernando VII.
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